La cuestión de Cataluña se ha convertido en un aberrante conflicto entre el ejercicio de un derecho humano, el de autodeterminación lo es, que al estar vinculado a la dignidad de los pueblos y de las personas no necesita ser positivizado por la legalidad, y una legalidad formal que es la que deriva de la transición política española, que podía haber sido ésa u otra (otra que como en el Reino Unido, en Canadá, en Alemania o en Islandia han posibilitado el ejercicio del derecho para separarse del estado de origen o para reunificarse).

Se jactan los portavoces del Gobierno Español y de los llamados partidos constitucionalistas, de que su elemento de legitimidad contra el Procés se fundamenta en el cumplimiento de la ley.

Han corrido ríos de tinta sobre el procedimiento parlamentario de aprobación en el Parlamento Catalán y de las Leyes de Convocatoria de Referéndum y de Transitoriedad. Los comentarios han sido brutalmente peyorativos, algunos tan paradójicos como el consistente en afirmar que la mayoría pisa a la minoría (¿debía ser al revés?). Todo lo anterior acompañado de verdaderas prácticas de filibusterismo parlamentario por algunos grupos de la oposición.

El nivel de presión sobre las instituciones catalanas realizada por el Estado Español empieza a constituir una verdadera atrofia democrática.

Se utilizan, con escaso rigor intelectual en muchas ocasiones, conceptos que no sólo son sinónimos, sino además poseen una riqueza que deriva de su indefinición.